Así pienso · Estado austero
Estado austero: a acabar con la «escoltitis»
La seguridad es un derecho; los privilegios, no. Una auditoría a fondo de la UNP y de los esquemas de protección, y el ejemplo de austeridad que ya dio Antioquia.
Por Alejandro Arbeláez A. · · 2 min de lectura
En Colombia hay una enfermedad que se contagia con el poder y que algunos padecen incluso muchos años después de dejarlo: la escoltitis. Se manifiesta en camionetas blindadas, caravanas, conductores y escoltas que terminan convertidos, erróneamente, en símbolos de estatus. La seguridad es un asunto muy serio para confundirla con los privilegios de quienes alguna vez ocuparon un cargo público. El poder para servir y no para servirse también consiste en saber bajarse de la camioneta.
Las cifras merecen atención. Para 2027, la Unidad Nacional de Protección -UNP- solicitó 4,5 billones de pesos, mientras que la apropiación presupuestal reportada fue de 2,97 billones. Además, en el Congreso se ha pedido revisar la contratación de más de 5.200 vehículos alquilados por la entidad. ¿Cuánto cuesta mantener esos vehículos? ¿Cuántos esquemas siguen vigentes por razones verdaderamente justificadas? ¿Cuánto podríamos ahorrar con una auditoría rigurosa?
La UNP cumple una misión indispensable: cuidar a líderes sociales, periodistas, defensores de derechos humanos, servidores públicos y ciudadanos amenazados cuya vida depende de una protección efectiva.
La protección debe responder a evaluaciones técnicas del riesgo, con controles periódicos, transparencia y resultados. Haber ocupado un cargo público jamás debería convertirse en un derecho vitalicio a tener camioneta y escoltas.
En 2024, una camioneta vinculada a la UNP fue interceptada transportando cocaína. Ese mismo año, vehículos de la entidad aparecieron, en carreteras de Antioquia, hecho valientemente denunciado por el gobernador Andrés Julián, transportando a integrantes de las disidencias de FARC como Calarcá.
El gobierno del presidente Abelardo seguramente emprenderá una auditoría integral a la UNP: revisar contratos, costos, vehículos, evaluaciones de riesgo y permanencia de los esquemas. Y extender ese ejercicio al parque automotor de ministerios, alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas. Colombia necesita saber cuánto cuesta mover a sus funcionarios y cuánto de ese gasto está realmente justificado.
Conozco lo que significa tener un esquema de seguridad: fui viceministro de Defensa durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, en una época en la que enfrentamos amenazas muy serias. Al terminar ese gobierno, al día siguiente renuncié voluntariamente a mi esquema de protección. Entendí que había terminado una responsabilidad pública y que los recursos del Estado debían estar al servicio de quienes más los necesitaran.
Y hay algo que me preocupa más: cada policía destinado a cuidar a alguien que carece de un riesgo que justifique esa protección es un uniformado que podría estar trabajando por la seguridad en los barrios, las calles y los municipios de Colombia. Necesitamos más presencia, más capacidad de reacción y más tranquilidad para las familias.
Estado austero: en Antioquia tenemos un ejemplo de que la austeridad puede traducirse en bienestar: el gobernador Andrés Julián Rendón adelantó una reorganización administrativa y una política de ahorro que, junto con otras medidas, permitió reportar cerca de 235.000 millones de pesos en ahorros durante 2024. Parte de esos recursos ha respaldado programas sociales como la Renta Vitalicia, dirigida a adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad. Esa es una forma concreta de entender el buen gobierno: administrar mejor para servir mejor.
La seguridad es un derecho, los privilegios, no lo son. Y el poder también consiste en saber bajarse de la camioneta.